Zaragoza.- El vicesecretario regional de política institucional del Partido Popular de Aragón, Manuel Blasco, ha indicado en rueda de prensa que la Ley de Lenguas es “un capricho personal del presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias (que se considera catalanoparlante) y lo ha elevado a categoría de ley, creando un problema donde no lo había”. Blasco recuerda que el Estatuto de Autonomía, que fue consensuado por la mayoría de las fuerzas políticas de Aragón, reconoce las modalidades lingüísticas propias de la comunidad autónoma a proteger a través de la Ley de Lenguas. “Cuando llega esta ley, Marcelino Iglesias va mucho más allá y empiezan los desencuentros con el Partido Popular, e incluso con su socio de gobierno, el Partido Aragonés, y en el empeño de sacarla adelante, la pactan con CHA, radicalizando su contenido y rompiendo el espíritu del Estatuto, dando derechos a unas personas que suponen obligaciones para los Ayuntamientos, sin ser lenguas cooficiales”, ha explicado.
La semana pasada, once ayuntamientos presentaron ante el Tribunal Constitucional un recurso contra esta ley por entender que supone un “conflicto de competencias con la autonomía municipal por parte de las Cortes de Aragón”. De los once ayuntamientos, ocho están gobernados por el PP y tres por el PAR, siendo dos de Huesca, dos de Zaragoza y siete de Teruel. “Que dos partidos hayan tenido la voluntad firme de recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional indican claramente que esto es un problema creado por el presidente del Gobierno de Aragón donde no lo había. En estas zonas, los vecinos no consideran mayoritariamente que hablan catalán, o aragonés en el pirineo porque cada valle tiene su modalidad específica y diferente, y nos parece una falta de respeto querer normalizar con el catalán, en el caso de la zona oriental, estas modalidades lingüísticas”, ha indicado Blasco.
Blasco estuvo acompañado en su comparecencia ante la prensa del Bajo Aragón por los alcaldes de Valderrobres y La Fresneda, quienes asentían constantemente cuando se decía que durante siglos se ha convivido con el “chapurriau” sin ningún problema. “Las pintadas y las discusiones han surgido ahora, a raíz de esta ley que nos quiere imponer el catalán, y esa no es la lengua que aprendemos de nuestros padres”, explicaba el alcalde de La Fresneda, Antonio Algueró.
Según los populares, esta ley obliga a los ayuntamientos de la zona donde se habla “chapurriau” a atender de forma oral y escrita “no en chapurriau, sino en catalán” a quien lo demande, y todo ello sin ser cooficiales, con lo que conlleva de tener funcionarios que dominen esa lengua, etc.
“También nos preocupa que, en aplicación de esta ley, se cambie el nombre de los municipios, de su denominación en castellano a su equivalente en catalán, si así lo decide el Consejo de las Lenguas, sin consultar a los vecinos de esos pueblos, y hay que recordar que en los once ayuntamientos que presentan el recurso, se aprobó una moción por mayoría absoluta para actuar en ese sentido”, ha añadido Blasco.
Los populares están convencidos de que este recurso puede salir adelante con resultado positivo para su demanda, “pero no antes de tres o cuatro años, en cualquier caso, si el PP gana las elecciones y gobierna en Aragón, Luisa Fernanda Rudi ya ha anunciado que derogará esta ley, con lo que retiraríamos el recurso, y harían otra Ley de Lenguas que se ajuste al Estatuto”, como él mismo ha informado.
