Zaragoza.- El Boletín Oficial de España (BOE) publica este lunes el Real Decreto-Ley que contempla las medidas extraordinarias y urgentes para reducir el déficit público del Estado. Entre ellas, destaca la prohibición de endeudarse a largo plazo desde este martes hasta el 31 de diciembre de 2011.
El texto señala que a partir de su entrada en vigor "las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo".
Otras regulaciones exigen a las casas consistoriales que deberán declarar la afectación de los ahorros derivados de la reducción de los gastos de personal, con la rebaja de un 5% de los sueldos del personal público.
Así, recoge que esta reducción de los sueldos se llevará a cabo de forma progresiva en el caso de los funcionarios, mientras que en el caso del personal laboral se dictaminarán “normas específicas” con el fin de “reconocer la función de la negociación colectiva”.
En este sentido, se establece la “suspensión parcial” de la aplicación de las cláusulas del Acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010 - 2012 de septiembre del 2009 que acordaba un incremento salarial del 0,3% para este año y una cláusula de revisión salarial para los siguientes.
Además, la publicación del BOE recoge que será de obligatoriedad que el Ministerio de Economía y Hacienda tenga el conocimiento previo, así como el seguimiento de cualquier contrato de colaboración entre el sector público y probado, que pueden suponer proyectos "con un considerable impacto económico a largo plazo" sobre las cuentas públicas.
De manera que desde la aprobación del citado decreto-ley, cualquier actuación de contratos de concesión de obra pública requerirá un informe preceptivo y vinculante del Gobierno, tanto con respecto a las empresas públicas como a las privadas.
Zaragoza y Huesca estudian las líneas de aplicación
En un escueto comunicado, el Consistorio zaragozano ha respondido que están trabajando en las posibles líneas de aplicación al marco municipal. “Será a partir de ahora cuando podamos empezar a estudiar su ejecución y el alcance de su aplicación al caso de la ciudad de Zaragoza”, aseguran fuentes municipales del Área de Economía y Hacienda.
En este sentido, afirman que el Decreto apunta en varias direcciones y “habrá que ver una por una cómo afecta al Ayuntamiento, así como los matices que puedan introducirse en su cumplimiento”. Por último, concluyen afirmando que serán “rigurosos y responsables en su aplicación, pero siempre pensando en los intereses de la ciudad”.
También el Consistorio oscense va a estudiar su aplicación, aunque rechazan hacer valoraciones hasta que se conozca de forma específica cómo les va a afectar esta medida.
A través de un comunicado señalan que están a la espera de conocer qué recomendaciones se realizan desde la Federación Española de Municipios y Provincias, que este martes analizará el Real Decreto-Ley en una comisión ejecutiva, y que, afirman, va a ser seguida de cerca por el Consistorio oscense.
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El Consistorio oscense también estudia su aplicación |
Una distribución equitativa del esfuerzo
Según el Gobierno de España, se trata de unas medidas “de ajuste” que pretenden “distribuir de la forma más equitativa posible el esfuerzo que toda la sociedad tiene que hacer por contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas”. En este sentido, explica la decisión de actuar sobre el gasto público porque “permitían una reducción suplementaria”, valorando especialmente evitar reducir aquellas partidas de gasto que tienen que permitir la recuperación económica o bien aquéllas que son “imprescindibles” para mantener el apoyo público de aquellos colectivos más desfavorables ante la crisis, especialmente, añaden, los desocupados.
Por otra parte, y en este mismo apartado el decreto-ley incluye medidas de ahorro también para los funcionarios públicos de los notarios y los registradores de la propiedad y mercantil. En este caso, el Gobierno español establece una rebaja del 5% de los aranceles sobre los documentos con cuantía, como son las escrituras para la adquisición de una vivienda, dejando sin ninguna modificación los honres fijas referidos a documentos sin cuantía.
Finalmente, el decreto recoge también la “suspensión excepcional” de la revalorización de las pensiones de carácter contributivo para el 2011, dejando al margen “en un ejercicio de solidaridad” las prestaciones más bajas y que “afectan a las personas más desfavorecidas”, como las pensiones mínimas y las no contributivas.
También la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial, amparándose en las disposiciones transitorias de la Ley General de la Seguridad Social; la supresión de la retroactividad de la ley de Dependencia a partir del 1 de junio del 2010 y de la prestación de 2.500 euros por nacimiento y adopción a partir del 1 de enero del 2011, y la revisión de los precios de los medicamentos y la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos para reducir el gasto en farmacia.
Medidas extraordinarias publicadas en el BOE
