El Ejecutivo aragonés tendrá que adaptar los espacios de la Comunidad a los principios aconfesionales

El Pleno de las Cortes ha aprobado este jueves una proposición no de ley que supone que el Gobierno de Aragón deberá adaptar los espacios de su titularidad a los principios aconfesionales, así como que trasladará a instituciones como Ayuntamientos la opinión sobre este asunto. PP y PAR se han mostrado muy en contra.

Zaragoza.- Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a dar muestras en pro de la laicidad institucional, en tanto que reflejo público de neutralidad real y respeto por las diversas creencias religiosas. Para ello, al menos adaptará progresivamente los espacios y locales de titularidad de la Comunidad Autónoma a las características y los principios propios de la aconfesionalidad y trasladará a las instituciones públicas aragonesas (Ayuntamientos, Comarcas, Diputaciones,...) la opinión del Parlamento aragonés, respetuosa con la autonomía local, favorable a desarrollar las acciones pertinentes tendentes a conseguir que, tanto en los actos públicos como en las dependencias institucionales, se avance en la adaptación de los mismos a los principios y características propios de la aconfesionalidad.

Éstos han sido los dos únicos puntos que ha aprobado el Pleno de la proposición no de ley de CHA que contaba con cuatro puntos. Los rechazados (por los votos del PSOE en contra) se referían a que el Gobierno de Aragón organizara los actos públicos de toma de posesión de cargos institucionales del Gobierno de Aragón o de la Administración de la Comunidad Autónoma, de tal modo que en ellos no figuren objetos, símbolos o fórmulas pertenecientes a ninguna confesión religiosa y a promover que aquellas celebraciones y ceremonias públicas en las que participen sus miembros, en su condición de cargos públicos del Gobierno, sean aconfesionales.

El portavoz de CHA, Chesús Bernal, ha defendido que la laicidad garantiza la igualdad de la ciudadanía y la necesidad de avanzar en ella institucionalmente tras 32 años de Constitución Española y se ha mostrado satisfecho por la aprobación por ser un paso para introducir el debate en las instituciones aragonesas. El portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha apoyado la proposición no de ley pero ha planteado un matiz, asegurando que la Administración no puede ser neutral sino defender la aconfesionalidad y tratar de igual manera a todas las religiones.

Por parte del PAR, la diputada María Herrero ha asegurado que es una problemática inexistente dada la convivencia "sin ningún problema durante años". Además, ha advertido de que los diputados son representantes sociales y un 75% de la sociedad es católica. Por su parte el PP, a través de su diputado Antonio Suárez Oríz, ha criticado que el momento actual no tiene como protagonista esto y ha tildado la iniciativa de "trasnochada".

Finalmente, el socialista Carlos Álvarez ha explicado la votación del PSOE al punto primero y tercero de la propuesta, ya que para Álvarez la jura o promesa del cargo no tiene ninguna validez y además sería difícil que los representantes políticos no pudieran acudir a actos que tuvieran que ver con la religión, porque "tendrían que haber especificado que serían los actos organizados por el Gobierno de Aragón" y se ha preguntado "qué hacemos con los actos en muchos pueblos".

En resumen, PP y PAR se han mostrado muy contrarias a la proposición, mientras que CHA e IU han compartido posición muy favorable y el PSOE ha rechazado dos de los puntos. 

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