Zaragoza.- Nueve alcaldías aragonesas, todas gobernadas por el Partido Popular, salvo una del Partido Aragonés, han presentado ante el Registro General del Gobierno de Aragón una solicitud al Consejo Consultivo de la Comunidad para que emita un dictamen no vinculante sobre si la Ley de Lenguas crea un conflicto constitucional con la autonomía local.
Hasta el momento, los municipios que han solicitado dicho estudio han sido Fayón, Fórnoles, La Codoñera, La Fresneda, Lascuarre, Nonaspe, Torre del Compte, Valderrobres y Fraga; aunque, tal y como ha señalado el senador del PP por Teruel, Manuel Blasco, a esta petición pueden sumarse el resto de ayuntamientos aragoneses, sean de la formación que sean. “Imaginamos que del PSOE no se unirá ninguno”, ha apuntado.
Blasco ha criticado duramente la Ley de Uso, Protección y Promoción de las Lenguas Propias de Aragón, ya que según éste es la forma de “encubrir” la cooficialidad del catalán en la Comunidad Autónoma.
Para los populares, existe una “invasión” de la autonomía local cuando la Ley incluye una lista de 62 municipios que se consideran históricamente catalanohablantes, por lo que “tienen el mandato del legislador autonómico de utilizar el catalán como lengua de uso administrativo normal”.
El senador del Partido Popular también ha recordado que dichas “imposiciones” sólo serían “constitucionalmente válidas” si se hubiese calificado el catalán en el Estatuto de Autonomía de Aragón como lengua oficial de la Comunidad. Concretamente, en el escrito presentado este martes se asevera que mediante una ley ordinaria no puede el legislador autonómico “imponer” a los municipios la “obligación” de utilizar el catalán como lengua de uso administrativo normal, “porque no tiene título competencial suficiente que le ampare”.
En este sentido, Manuel Blasco también ha lamentado que este asunto ha “dividido” a los habitantes de las zonas en las que se reconoce como catalanohablantes. Asimismo, ha criticado que el PP mostró desde un primer momento su posición en contra, pero que el PAR “no estaba de acuerdo” con el PSOE, lo que ha supuesto una “brecha importante” en el Ejecutivo autonómico.
A partir de ahora, el Consejo Consultivo de Aragón tiene tres meses para elaborar su dictamen y que va a ser previa a la presentación, un mes más tarde, del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por “invasión” de competencias locales.
