Alrededor de 1.600 menores han sido adoptados por familias aragonesas en la última década

Alrededor de 1.600 menores, entre niños nacionales y extranjeros, han sido adoptados en la última década por familias aragonesas. Este es uno de los datos dados este martes por el director gerente del IASS, Juan Carlos Castro, en su comparecencia en las Cortes de Aragón acerca de la política de la DGA en cuanto a menores.

Zaragoza.- En la última década alrededor de 1.600 menores, entre nacionales y extranjeros, han sido adoptados por familias aragonesas en la última década. Este es uno de los datos explicados este martes por la tarde por el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Juan Carlos Castro, en la Comisión de Asuntos Sociales de las Cortes de Aragón.

Desde hace tres años, la Consejería de Servicios Sociales y Familia, a través del IASS, ha iniciado un programa de seguimiento de los menores adoptados para evaluar su adaptación a la familia y su desarrollo psicosocial durante sus primeros años en la Comunidad.

Otro tipo de fórmula de acogimiento existente en la Comunidad es la figura de las familias de pre acogida o acogida que se hacen cargo de jóvenes con problemas de inclusión social o familiares. En total, 43 menores viven bajo este mecanismo en vez de instituciones públicas o privadas dedicadas al acogimiento.

El resto de menores, 309 según los datos manejados por el IASS, son alojados en “pisos tutelados, mini residencias y centros especializados”, ha indicado Castro. Estos niños y adolescentes quedan englobados a su vez en una serie de programas del Servicio de Prevención y Protección de la Infancia de la Consejería.

En el caso de que los menores tengan causas judiciales y sean menores de 14 años, éstos quedan bajo la supervisión del Equipo de Menores de Catorce Años (Empca), formado por cuatro educadores y que en el pasado año atendió a 235 menores en “conflicto social”.

Castro ha defendido la efectividad de este programa del cual el Departamento se siente muy “satisfecho” y ha añadido los “buenos resultados” del mismo frente a otras Comunidades vecinas.

Otro de los programas a los que se ha referido el director gerente del IASS han sido los programas de terapia familiar para familias en crisis del que se beneficiaron en el último año 1.281 casos y 945 durante este 2009. Además, en el último periodo evaluado, el Servicio de Prevención y Protección de la Infancia ha abierto 1.126 expedientes de protección.

Según ha indicado el director gerente del IASS, el Departamento de Servicios Sociales y Familia, invirtió en el último año 800.000 euros en una serie de convenios con comarcas y entidades locales donde ha participado como cofinanciador.

Además, respecto a los menores conflictivos internados en el Centro de Internamiento de Juslibol, Castro ha indicado que en estos momentos hay “48 internos, cinco de ellas chicas” y ha destacado la variedad de actividades llevadas a cabo en la institución por parte de los educadores.

Apoyo a los menores

Todos los grupos parlamentarios han coincidido en valorar el trabajo de los educadores que trabajan con los menores. Sobre este punto, los grupos parlamentarios de PP y CHA han exigido una mayor apuesta en dotación de personal y han criticado el alud de expediente a los que se deben enfrentar. Algo que Castro no ha compartido ya que ha insistido en que “los ratios en la Comunidad se encuentran entre los más bajos de los últimos años con 25 menores asignados por educador”.

Casa de San José

PP y CHA han coincidido nuevamente en exigir al director gerente del IASS explicaciones respecto al futuro del centro de acogimiento de San José, dependiente de la Hermandad del Santo Refugio, el cual dejará de prestar servicio en los próximos meses ante la falta de fondos.

La portavoz del grupo popular, Pilar Fierro, ha manifestado que el actual convenio acordado, 82 euros al mes por joven, es insuficiente para el mantenimiento y financiación de la institución. Según Fierro, el cierre de esta instalación supondrá que trece menores, diez de ellos son de origen magrebí, se queden sin lugar de acogida. Castro ha asegurado “no tener constancia” de este problema y ha añadido que el convenio económico es alcanzado “entre las dos partes”.