El Justicia de Aragón concluye que la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad “es acorde” con la Constitución y el Estatuto

Ante la queja de IU por la aprobación de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, el Justicia ha concluido que la norma “es acorde” con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía. Por otra parte, la formación política ha mostrado su confianza en que el Defensor del Pueblo o el Parlamento Europeo paren el proyecto.

Zaragoza.- El Justicia de Aragón ha concluido que la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad “es acorde” con la Constitución Española y con el Estatuto de Autonomía “en todas las cuestiones analizadas”. El informe se ha presentado este jueves, tras la queja presentada por Izquierda Unida por la aprobación de la norma en las Cortes de Aragón.

Por otra parte, la formación política ha mostrado su confianza en que el Defensor del Pueblo o el Parlamento Europeo paren el proyecto Gran Scala. En este sentido, el coordinador general de IU-Aragón, Adolfo Barrena, ha afirmado que “se ha cerrado una puerta, pero quedan otras abiertas, que vamos a seguir impulsando”.

Asimismo, ha destacado que “de la lectura detallada del informe seguimos viendo argumentos que refuerzan nuestras posiciones y eso nos anima a confiar en que llegaremos hasta el final”. Con respecto a estos puntos del documento, Barrena ha señalado que “se considera que el volumen de empleo puede ser un elemento claro para expropiar. Pero con ese argumento, se podría expropiar cualquier cosa”.

Por otra parte, Izquierda Unida se reunió el pasado jueves con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, quien dispone de tres meses para resolver la queja. “Seguimos pensando que hay claros elementos de inconstitucionalidad en la Ley y vamos a estar a la espera de lo que diga el Defensor”, ha afirmado Adolfo Barrena.

El informe del Justicia

El Justicia de Aragón ha señalado también que no valorará “la conveniencia y oportunidad de los proyectos de centro de ocio que la ley regula, ni los objetivos económicos y sociales que persigue, porque son opciones que forman parte de lo que se denomina acción política de gobierno en la que puede haber posturas legítimamente divergentes y cuestiones opinables, sin que ello afecte a la constitucionalidad de la ley”.

Sin embargo, ha reconocido que la institución puede instar al Gobierno “a que informe y motive resoluciones que se adopten en desarrollo de la ley ya que la transparencia es una garantía necesaria para permitir su control”. Finalmente, ha indicado que “el que una parte de la actividad de este complejo de ocio se dedique al juego recomienda hacer algunas consideraciones”.

En este sentido, ha destacado que “es innegable que es una actividad que puede ser peligrosa para aquellas personas que tienen una enfermedad o tendencia que les impide controlarse ante ciertos estímulos, para los menores o para otras personas vulnerables; máxime teniendo en cuenta que en estos lugares de ocio se hace una presentación muy atractiva del juego que puede producir un efecto llamada”. Por último, concluye que una parte de los ingresos de Gran Scala se deberían destinar a la prevención "de los efectos de adicciones, como la ludopatía y otras patologías sociales".