Teruel.- El pleno de la Diputación de Teruel ha aprobado este viernes la propuesta pronunciada por Izquierda Unida en los pasados días y que instaba a controlar el uso que desde algunos miembros de la institución han estado realizando de alguno de los cinco pisos que la entidad tiene en la capital. De esta forma, se ha acordado elaborar un reglamento para definir para qué se puede o para qué no se permite utilizar estos inmuebles.

Todos los grupos políticos han mostrado su acuerdo con la propuesta pronunciada por Izquierda Unida de regular el uso y el acceso a los pisos que la Diputación de Teruel tiene y que sirven para dar alojamiento a los diputados que viven en comarcas alejadas, como el Bajo Aragón o el Matarraña cuando se desplazan a la ciudad para asistir a actos o comisiones.

Por su parte, el presidente de la institución, Antonio Arrufat, ha indicado que “ya se tomaron medidas hace varias semanas para evitar usos indebidos de estas dependencias”. Además, ha comentado, “las personas que lo hicieron, ya han pedido disculpas y los desalojaron en el plazo que se les dio para ello”. Ahora “lo que vamos a hacer es elaborar unas normas que digan si estos inmuebles pueden emplearse a otros menesteres”, ha sentenciado.

Planes provinciales para 2010 y mejoras en accesos

Otro de los temas que se han abordado en este pleno es una cuantiosa inversión pública en materia de infraestructuras. Así, se han aprobado las normas reguladoras y la convocatoria de subvenciones de los Planes Provinciales y del FEADER para 2010. Dichas actuaciones contarán con un presupuesto total de 21 millones de euros. Se ha establecido como plazo límite para la presentación de solicitudes por parte de los Ayuntamientos el próximo día 31 de julio en el caso de las obras del FEADER y el 15 de septiembre por lo que se refiere a los proyectos de obras de Planes Provinciales.

También es destacable la aceptación, por parte de la DPT, de la ejecución de varias actuaciones con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel: Conservatorio de Música de Alcañiz, por 250.000 euros y mejora de las carreteras “TE-V-8001 de Aguilar de Alfambra a Ababuj y El Pobo, 1ª fase”, por 230.000 euros y “Refuerzo del firme de la carretera TE-V-8006 de entrada de la carretera TE-V-8006 de entrada a Orrios-Teruel”, por 208.742 euros.

Localidades afectadas por obras hidráulicas

También el Pleno de la Diputación de Teruel ha dado luz verde a la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para la ejecución de programas de desarrollo rural sostenible en municipios afectados por la realización de obras hidráulicas de interés general.

Dicho convenio contempla, por lo que se refiere a la provincia de Teruel, una inversión global de 1,6 millones de euros financiada por el citado Ministerio y por la Diputación de Teruel. Las obras hidráulicas a las que se refiere el convenio son el embalse de Tosquillas, el pantano de Lechago y la presa de Vall Comuna, en la provincia de Teruel. Se contempla en el anexo del convenio actuaciones en un total de 21 núcleos de población turolenses. Dichas inversiones integran desde mejoras de caminos y edificios, conservación de hábitats a ecomuseos.

Otro asuntos

Por otra parte, entre los 26 asuntos que se han debatido este viernes en el pleno de la Diputación de Teruel también figuran otras medidas que permitirán seguir contribuyendo con acciones concretas y eficaces al bienestar cultural de los municipios, como la financiación con 40.000 euros para la organización de los Festivales de Aragón de 2009, a desarrollar en Alcañiz, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora y Valderrobres.

Asimismo, se ha pactado la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel que permitirá la futura integración de aquellos emplazamientos del ámbito de gestión de la DPT en la Red pública de infraestructuras de telecomunicaciones de Aragón. Una medida que permitirá sumar esfuerzos e ir reduciendo la denominada “brecha digital” en todo el territorio provincial y terminar con las desigualdades que la implantación de las nuevas tecnologías pudiera generar. Se trataría, por tanto, de que todos los municipios de la provincia tuvieran acceso a la citada Red pública, ante la gran trascendencia social y económica que puede suponer.