Zaragoza.- El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes el anteproyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que deberá regular proyectos como el de Gran Scala. La norma establece los requisitos que debe tener una iniciativa para obtener esta declaración: ocupar una superficie de al menos mil hectáreas, generar un mínimo de 3.000 puestos de trabajo directo y crear 8.000 plazas hoteleras. El anteproyecto, que suma 44 artículos, se envía ahora a las Cortes para su aprobación definitiva y el vicepresidente del Gobierno, José Ángel Biel, ha asegurado que se seguirá la vía ordinaria. “No quiero aventurar en cuánto tiempo saldrá la ley de las Cortes pero al tratarse de un tema de tanta trascendencia yo creo que en dos meses la tendremos”, ha pronosticado.
La ley comienza definiendo que un Centro de Ocio de Alta Capacidad como “un complejo turístico destinado a ubicar de forma integrada actividades de ocio, recreativas, deportivas, culturales, de juego, comerciales, hoteleras, con sus servicios complementarios correspondientes formando una unidad funcional de explotación”. El consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga, ha especificado también que no podrá albergar viviendas para residencias permanentes “salvo las destinadas a directivos y empleados del centro”. Una vez cumplidos estos requisitos, las empresas deben solicitar al Gobierno, a través del Departamento de Turismo, la declaración de Centro de Ocio de Alta Capacidad. Esta solicitud debe incluir abundante información empresarial como el domicilio social (que deberá estar en Aragón) o la identificación de la Sociedad Anónima que gestionará el proyecto (que no podrá tener un capital social inferior a diez millones de euros). Esta documentación debe acompañarse de una descripción de las actividades del centro, su ubicación y acreditaciones de la disponibilidad de los terrenos, un análisis del impacto ambiental, un informe de la viabilidad económica y un aval de tres millones de euros.
A partir de este punto, el Ejecutivo tramitará la declaración de Centro de Ocio de Alta Capacidad estudiando la información aportada por la empresa y su impacto ambiental. Arturo Aliaga ha añadido que en este paso el Gobierno informará de la iniciativa a los ayuntamientos y comarcas implicadas. Sólo una vez que se haya aprobado la declaración, la sociedad solicitante se constituirá y presentará las escrituras notariales de disposición del terreno, que acompañará de un segundo aval de seis millones de euros que liquidará el anterior. “El primer aval para empezar a mover papeles, para que se analice si cumple las características de la ley, es de tres millones y cuando se aprueba la declaración de Centro de Ocio de Alta Capacidad se liquida este primer aval para solicitar un segundo por valor de seis millones de euros”, ha explicado el consejero.
A continuación llega el momento en que la empresa privada desarrolle el Proyecto de Ordenación, que tendrá valor de PGOU, a la vez que se creará un consorcio público formado por el propio Gobierno y los ayuntamientos y comarcar afectadas, que supervisará que la iniciativa cumple los requisitos y la información facilitada en el primer paso de la constitución del Centro. El Proyecto de Ordenación debe reservar un 10% del producto del coeficiente de edificabilidad o un equivalente económico a ese consorcio público, lo que servirá como una garantía adicional para la Administración Pública. “Es una iniciativa privada controlada por un consorcio público”, ha reiterado el vicepresidente Biel, que ha insistido en que es “una norma con muchísimas garantías legales”.
Cuestiones adicionales
El anteproyecto aprobado por el Consejo también contempla un régimen jurídico singular de los juegos de azar y apuestas para los Centros de Ocio de Alta Capacidad. Asimismo, Aliaga ha señalado que unas instalaciones de estas características serían claramente de carácter turístico por lo que se aplicaría la libertad de horarios para estos establecimientos mientras que en los comercios habría que diseñar un Plan Local de Comercio, como ocurre en otros municipios aragoneses como Benasque.
Asimismo, el texto presenta un amplio abanico de sanciones para la sociedad si incumple las características del centro pactadas o los plazos que marca la ley. Estos castigos son, como mínimo, de 3.000 euros para las faltas leves, 60.000 para las graves y 600.000 para las muy graves. Además, pueden ir acompañadas de otras sanciones de carácter medioambiental o industrial, como la suspensión para el ejercicio de determinadas actuaciones.
