Zaragoza.- Aunque la Guerra Civil terminó hace 70 años y España recuperó la democracia hace 30, las heridas producidas durante esa época siguen sangrando para algunas de sus víctimas. Al menos ésta es la tesis que defiende la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (Armha). Para ellos, los últimos meses han sido intensos con la llegada a los tribunales de una sentencia que podía restituir el daño que la Ley de Memoria Histórica no cerró. Su presidente, Enrique Gómez, considera que la democracia española seguirá contando con un importante déficit mientras no asuma aquellos hechos.
Pregunta.- En las últimas semanas, la Recuperación de la
Memoria Histórica ha vuelto a convertirse en un tema de
actualidad.
Respuesta.- Más que un tema de actualidad es una
deuda desde hace más de 70 años porque cuando empezamos con este asunto era un
clamor. De hecho, existían grupos que incluso en tiempos de Franco, de manera
subverticia, habían sacado de los campos algún muerto para enterrarlo en una
caja. Fue el inicio de lo que luego se convirtió en este movimiento. Hay un
imperativo moral de la conciencia colectiva y, sobre todo, una necesidad de que
un capítulo de la historia de España muy reciente y muy doloroso para mucha
gente se cierre. Toda esta gente, y las heridas las tiene quien las tiene, son
quienes tienen que decidir si esa heridas están cerradas o no. Aparte, la
sociedad tiene también sus heridas porque para cerrarlas se necesita verdad,
reconocimiento y dignidad, y no se dan completamente ninguna de las tres.
P.- ¿Es un éxito que este tema haya recuperado un espacio en
la esfera pública?
R.- No lo hicimos por eso sino porque
percibimos que una sociedad democrática, ante un agravio el Estado, no nos hacía
caso así que decidimos acudir a la Judicatura. Allí hay unos crímenes de lesa
humanidad, lo que ha quedado claro en la sentencia, y esos crímenes, por
definición, no prescriben nunca. No pretendemos que se busque a falangistas que
queden vivos para meterlos en la cárcel sino que la Judicatura obligue al Estado
español, como heredero de las acciones del anterior régimen ya que no hubo
ruptura, a dar respuesta a esas necesidades. Es necesario que la gente sepa que
en España se hizo un auténtico genocidio, sólo comparable a la limpieza
ideológica que hizo Stalin con su pueblo.
La vía judicial
P.- ¿Cómo vivieron que el juez Garzón primero aceptara la
causa y luego se inhibiera en el caso?
R.- Que la aceptara
era lo mínimo que podía hacer después de dos años de tenerla encima de la mesa.
Pero que luego renunciara a ella ha sido una jugada judicial que no acabamos de
entender muy bien. Para nosotros fue, en definitiva, un palo porque no
entendemos que podamos juzgar a los chilenos o a los argentinos pero que ni
siquiera reconocemos estos crímenes. Yo creo que demuestra que tenemos un
déficit porque a cualquier crimen que no ha prescrito, en una sociedad que tenga
todos los elementos bien formados, se le debe dar respuesta.
P.- En estos momentos, ¿en qué situación se encuentra esa
demanda judicial?
R.- Ahora mismo está abierta porque,
aunque el juez se inhibe, deja que siga su curso porque delega en los juzgados
de cada zona. Va en contra de lo que pretendíamos porque como los crímenes se
cometieron en todo el Estado queríamos que fuera juzgado por una instancia
estatal. Lo que sí está claro es que no vamos a cejar en el empeño. Si
finalmente no se puede juzgar en España, lo que sería una pena, tendremos que
acudir a los Tribunales Internacionales, no por afán revanchista, sino para
saldar la deuda que hay con las víctimas.
 |
|
Enrique Gómez preside la Armha |
P.- Para la Armha, ¿no deja de ser un fracaso tener que
acudir a la vía judicial para restituir la memoria porque no ha funcionado la
política?
R.- Sí, pero hay que tener en cuenta que nosotros
intentamos dialogar con los políticos en un momento en el que ni siquiera está
aún planteada la Ley de Memoria Histórica. Sólo había actuaciones separadas como
algunas indemnizaciones, algún dinero para alguna exhumación y algún
reconocimiento. Pero nosotros queríamos un reconocimiento global y como no se
nos estaba dando acudimos a la vía judicial. De este modo, aunque se nos han
cortado las vías desde el Gobierno puesto que ha sido el fiscal quien lo ha
detenido, a lo mejor ahora el Estado está más dispuesto a ampliar esa Ley, que
es muy mínima, o a afrontar que cualquier ciudadano pueda acudir a una entidad
estatal para abrir una fosa. Nosotros lo que queremos es desaparecer y que este
tema quede sólo en los libros de texto para que se sepa qué pasó, que se
rehabilite a las víctimas, que se quiten los nombres de las calles de España a
los torturadores y asesinos.
P.- ¿Por qué se produce esa parálisis a la hora de tomar
decisiones relacionadas con este tema?
R.- Yo creo que es
producto del franquismo sociológico, que ha estado durante años comiendo la
cabeza con mentiras y tergiversaciones que han creado poso. Por eso hay mucha
gente que a nivel individual entiende la justicia de poder recuperar el cadáver
de un familiar que está enterrado como un perro pero a nivel público cree que es
mejor no mover las cosas. Es un miedo que viene arrastrado por el Partido
Popular, que no es más que la continuación de la derecha franquista
P.- ¿Cómo calificaría la actitud de los dirigentes políticos
al respecto?
R.- Nosotros considerábamos que Zapatero era el
político español que iba a amparar este movimiento. Por eso fue tan efervescente
pero enseguida nos dimos cuenta de que sólo estaba dispuesto a llegar hasta un
punto por el temor que siempre ha tenido la izquierda en este país a ser
izquierda.
Heridas abiertas
P.- Los detractores de la reapertura de las fosas argumentan
que estas medidas suponen reabrir heridas que ya se habían
cerrado.
R.- Los herederos de los verdugos son los menos
indicados para decir si las heridas están abiertas o cerradas; quienes tienen
que decirlo son quienes tienen esas heridas y la gente a la que representamos
tienen las heridas soterradas, calladas, ocultas, silenciadas… porque estaban
reprimidas. Hay quienes creen que están cerradas porque soltaron el poder para
que entrara la democracia. El mejor ejemplo es la vergonzosa Ley de Amnistía,
que la propia ONU ha dictaminado que debe derogarse. Además, la sociedad también
tiene esas heridas sin cerrar porque mientras no haya verdad y siga habiendo
olvido las heridas seguirán abiertas.
P.- Otro de los argumentos es que en la Guerra Civil hubo
muertos en los dos bandos.
R.- Evidentemente, pero lo
primero que hay que recordar es que la Guerra Civil la provoca un golpe de
estado fallido y todas las consecuencias que se derivan de esta acción ilegítima
sólo se le puede achacar a un bando. Durante los años de guerra, desde luego, la
izquierda cometió abusos, aunque la República intentó que esos abusos se
detuvieran. Pero es que además, los asesinatos en el bando nacional fueron
sistemáticos, se llamó a la violencia. Además, cuando termina la Guerra los
republicanos pagaron un precio muy alto, porque además de la represión durante
la contienda, hubo exilio, hubo una causa general en la que se juzgaba a los
leales por rebelón militar, hubo esclavitud en las Brigadas de Trabajo, hubo
cárcel, hubo fusilamientos… Por tanto, los republicanos fueron juzgados ya y de
manera muy dura; los otros crímenes son los que no fueron juzgados nunca.
| |
|
Gómez pide que todas las fosas sean dignificadas |
P.- Si encontraran una fosa con víctimas del bando nacional,
¿sería partidario de reabrirla?
R.- Si los familiares
quisieran, por supuesto que sí porque tienen el mismo derecho que todo el mundo.
De hecho, en alguna ocasión nos han pedido que investigáramos sobre alguna
persona muerta por los republicanos y, si hemos podido averiguar algo, lo hemos
hecho. Es raro porque durante 40 años se glorificó, se dignificó y se exhumó a
estas personas que también son víctimas. De todas formas, tienen que pedirlo los
familiares.
Memoria histórica en Aragón
P.- ¿Cuál es el número de fosas y de cuerpos que puede haber
enterrados?
R.- Es muy difícil calcularlo pero nosotros
hemos visitado 300 pueblos y hemos encontrado 200 fosas, de entre dos personas y
5.000, como la de Zaragoza. Aún nos quedan otros tantos pueblos que visitar por
lo que nuestro cálculo es de unas 400 fosas en todo el territorio y entre 12.000
y 15.000 personas en ellas.
P.- Ahora mismo, ¿cuál es su principal
reivindicación?
R.- Nosotros seguimos investigando dónde hay
fosas y después las familias decidirán si quieren exhumar los cuerpos o no. De
todas formas, pedimos al Gobierno de Aragón que dignifique todas las fosas
poniendo algún tipo de recordatorio en todas ellas y ayudando a sacar los
cuerpos allí donde las familias así lo deseen. Nuestro verdadero deseo es
desaparecer como asociación porque la sociedad haya hecho las paces consigo
misma homenajeando a todas las víctimas e incluyendo unidades didácticas en los
colegios para que se sepa lo que pasó de verdad, porque será el modo de que
valoren mucho más lo que hay ahora.
