CHA insta a rechazar la “directiva de la vergüenza” y a que se modifique para que “no restrinja derechos y libertades”

Chunta Aragonesista pedirá en el pleno de las Cortes el próximo jueves el rechazo a la Directiva europea sobre la inmigración ilegal. El diputado Chesús Yuste defenderá una proposición no de ley en contra de esta normativa porque “es incompatible con la Europa defensora de los valores democráticos”.

Zaragoza.- Chunta Aragonesista pedirá en el pleno de las Cortes del próximo jueves el rechazo a la Directiva europea sobre la “inmigración ilegal”, más conocida como “Directiva de la vergüenza”, y que se insten al Gobierno español a promover su profunda modificación, “por entender que restringe derechos y libertades de las personas recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vulnera los principios democráticos y consolida el racismo institucional”, tal y como ha señalado el diputado Chesús Yuste.

CHA ha incluido también entre sus propuestas de resolución al Plan Integral para la Convivencia Intercultural en Aragón (2008-2011) que se evidencie la crítica a las medidas contenidas en la Directiva, como por ejemplo, las que dificultan el reagrupamiento familiar.

La Directiva fue aprobada el pasado 18 de junio en el Parlamento Europeo con 369 votos a favor (incluyendo los eurodiputados del PSOE), 197 en contra y 106 abstenciones. CHA se situó desde el principio totalmente en contra de “sus planteamientos xenófobos, incompatibles con una Europa que se autoproclama defensora y bandera de los valores democráticos”, ha expresado el diputado Chesús Yuste.

Con esta Directiva se trata de legislar, por ejemplo, sobre la duración de la retención en el interior de la Unión Europea, fijando en seis meses (artículo 14) el periodo previo a la repatriación, ampliable hasta 18 meses. Asimismo, estas medidas vienen acompañadas del “cerrojazo” que supone incluso no poder volver a entrar en los países miembros de la UE hasta que no hayan transcurrido cinco años o más, en determinadas circunstancias. Se trata, en definitiva, de institucionalizar la inmigración como un delito. Y, en cuanto a los menores, la Directiva establece que podrán ser retenidos durante el mismo tiempo que los adultos “pero no en establecimientos penitenciarios ordinarios”, sin explicitar en qué lugares serán retenidos.

“No solamente se está legitimando la privación a las personas inmigrantes de unos mínimos derechos, sino que todos los ciudadanos europeos y todas las ciudadanas europeas estamos perdiendo parte de los nuestros al perder en garantías democráticas y justicia social”, ha concluido Chesús Yuste.