La piscifactoría sin peces pero con subvenciones

Zaragoza.- No ha tenido peces, tampoco agua y ni siquiera autorización, pero nació como una piscifactoría, como tal se construyó y por ello llegaron las subvenciones. Así se podría definir la historia de la piscifactoría ligada a la planta de cogeneración eléctrica de NeoElectra en la localidad de Aliaga. La instalación nunca obtuvo los permisos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para verter y tomar agua del río Guadalope, por lo que jamás ha entrado en funcionamiento. Aún así, los promotores la construyeron y fue esta parte de la fábrica lo que diferenciaba la planta de una simple central térmica y por tanto, lo que permitió a sus propietarios optar a beneficios especiales.

La instalación formaba parte del proyecto inicial que presentó la empresa –a finales de los 90- para la planta de cogeneración eléctrica. Su funcionamiento, en principio, creaba 44 puestos de trabajo y, por tanto, generó muchas expectativas en el municipio aliaguense y en su comarca, Cuencas Mineras. La producción prevista era de 380.000 kilogramos de trucha y perca al año y pretendía aprovechar el agua caliente producida por la central.

Un pulso con las administraciones

En mayo de 2001 –y tras pasar por varios promotores- el Departamento de Medio Ambiente autorizó su puesta en marcha, siempre y cuando se cumplieran una treintena de condiciones, entre las que se incluía la obtención de la autorización para la toma de aguas que debía otorgarle la CHE. Este permiso nunca llegó a manos de los titulares que, en cambio, sí disponían de la licencia de Actividad y de Obras del Ayuntamiento de Aliaga. En el plazo de un año, la empresa construyó la piscifactoría –que no llegaría a funcionar-, y un azud en el río Guadalope para captar el agua –que tampoco fue autorizado y que este mes tendrá que ser derribado-. Así, la planta de cogeneración comenzó a funcionar aunque, a falta de un gaseoducto, el gas se traía transportado en camiones cisterna con el coste y riesgo ecológico que eso suponía.

Ante esto, la Confederación sancionó a la compañía en varias ocasiones y exigió la demolición inmediata del azud, que afectaba –y afecta- a la fauna y flora del río Guadalope. En consecuencia, el Departamento de Medio Ambiente también decidió suspender temporalmente la autorización de la central hasta que se resolviera la concesión de caudales.

La producción prevista era de 380.000 kilogramos de trucha y perca al año y pretendía aprovechar el agua caliente producida por la central

Para intentar obtener los permisos, la empresa desechó la cría de truchas y rebajó la cantidad de agua solicitada para dedicarse a la cría de esturión. Sin embargo, ni derribó el azud ni cesó su actividad. Además, por estas fechas ya había solicitado varias subvenciones e, incluso, según apareció publicado en el BOE, llegó a recibir alguna de ellas sin demasiadas complicaciones. En noviembre de 2003, por ejemplo, le fueron concedidos 525.000 euros.

En 2004, comenzaron las obras salomónicas del gaseoducto que a día de hoy pasa por la comarca Cuencas Mineras y del que, según lo proyectado, la compañía pensaba abastecerse. La infraestructura se construyó tras una inversión que superó los 69 millones de euros, pero nunca llegó a la central porque tampoco logró el permiso para que el canal cruzara el río Guadalupe, de manera que el gaseoducto se quedó a más de 150 metros de la planta.

Mientras tanto, la polémica en torno al desarrollo de este proyecto –que disponía de unos permisos y carecía de otros- y el debate sobre si era rentable y viable medioambientalmente comenzó a hacer mella entre numerosos grupos políticos, ecologistas y sociales, y acabará por estallar ante la normativa europea que obliga a determinados tipos de industrias a obtener la llamada Autorización Ambiental Integrada antes de marzo de 2008 para poder seguir funcionando, lo que obligó a NeoElectra a solicitar este permiso ante el Gobierno de Aragón. Para ello, la compañía presentó el proyecto al Inaga pero, en esta ocasión, la piscifactoría –que ya llevaba construida cinco años- no formaba parte de los nuevos planes.

El nuevo proyecto no cuenta con la piscifactoría

El proyecto presentado tuvo varias implicaciones. Por un lado, provocó la reacción de numerosas voces que se oponían a su realización por el impacto medioambiental que supondría. Durante el periodo de información pública, expertos e investigadores de la Universidad de Zaragoza, CCOO, Ecologistas en Acción y la Asociación de Amigos de Montoro presentaron alegaciones. En ellas argumentaban que la planta estaba ubicada en una zona de Lugar Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), suelo no urbanizable de protección especial, y dentro del ámbito del plan de recuperación del cangrejo de río y ámbito del plan de recuperación del quebrantahuesos. Además, tal y como también recogían las alegaciones, el nuevo proyecto cambiaba por completo las calificaciones que había recibido en años anteriores.

Por un lado, la autorización especial de la Comisión Provincial de Urbanismo –que recibió en 2000- ya no tenía sentido, puesto que los puestos de trabajo ofertados se habían reducido de forma considerable. Ya no serían 44 los trabajadores empleados, sino una decena.

Azud en el río Guadalope que se construyó sin el visto bueno de la CHE

Además, sin piscifactoría, la planta ya no es de cogeneración y no hay nada que la diferencie de una simple central térmica. El origen de los beneficios especiales, por tanto, ha desaparecido.

Una batalla por concluir

El resto de la historia es bastante conocida. Con las alegaciones en contra, y los permisos de la CHE que siguen sin llegar, el Inaga no ha concedido la AAI a la compañía, que ha recurrido la decisión y que incluso ha amenazado con iniciar una batalla legal contra el Departamento de Medio Ambiente aragonés para recuperar la inversión realizada en la zona que, afirman, supera los 34 millones de euros.

Desde que el proyecto dio sus primeros pasos a finales de los 90 ya han pasado más de diez años y desde que la piscifactoría fue construida ya han transcurrido cerca de siete. La instalación fue el origen del proyecto, de los puestos de trabajo y de las subvenciones solicitadas. Y su construcción -y la de la planta de cogeneración que le siguió- parece ser el resultado de un pulso continuo entre sus titulares y las Administraciones. Una batalla en la que se ha construido antes de tener potestad para hacerlo y se han dado unos permisos pese a que se han denegado otros que invalidan los anteriores.

Ahora, la empresa dice que se va. Andalucía parece ser su próximo destino. Los once trabajadores de la fábrica también se plantean marcharse del pueblo para encontrar otro trabajo. Mientras tanto, la piscifactoría fantasma permanece donde la construyeron. Allí se ha quedado esta piscina, que no ha tenido ni agua, ni peces pero sí subvenciones.

¿Mismo proyecto, distinta normativa?

El caso de Aliaga guarda muchas similitudes con otro proyecto del que, además, también es titular la compañía de NeoElectra. Se trata de la planta de cogeneración que opera desde 1998 en la localidad de El Grado (Huesca) y que también lleva aparejada una piscifactoría de truchas.

En este caso, la instalación cuenta con los permisos del Departamento de Medio Ambiente y con la autorización de la CHE, tanto de caudales como de vertidos. Sin embargo, su puesta en marcha también generó polémica porque los regantes de la Comunidad de Riegos del Alto Aragón querían evitar la cesión de aguas ya que la consideraban exagerada.

La planta de NeoElectra está situada cerca del parque geológico de Aliaga

Finalmente, la apuesta por el empleo que suponía la ejecución de este proyecto, que ofertaba cerca 160 puestos de trabajo directos en indirectos entre Aragón y Lérida, fue decisiva para que la iniciativa saliera adelante en ese momento. Y hoy, efectivamente, existe ya la planta de cogeneración termoeléctrica de 24.000 kilovatios, que está alimentada por una red de gas natural de 72 bares y de 14,6 kilómetros de longitud. Actualmente, también opera la piscifactoría, donde trabajan siete empleados; el 95% de su producción de truchas se exporta y el 5% restante se utiliza en la repoblación de ríos españoles.

Las similitudes entre ambos proyectos son innegables, y la creación de empleo –con las subvenciones que ello supone- fue y es un factor determinante para los promotores a la hora de afrontar el proyecto y para las Administraciones a la hora de decidir si se pone o no en marcha una industria de estas características.

No obstante, de lo que tampoco hay duda es de que “ahora hay una realidad social, medioambiental y normativa totalmente distinta” a la de 1998, según explican desde la CHE. Cuando la piscifactoría de El Grado inició su actividad no existía ni se requería la llamada Autorización Ambiental Integrada y los requisitos exigidos eran menores. “La empresa contará con el estudio favorable de impacto ambiental y también tiene la concesión de caudales. Pero también es verdad que, tras la implantación de la nueva normativa en 2006, ahora tanto las Comunidades Autónomas como la Confederación deben ser más restrictivos”, añaden.

Por su parte, desde NeoElectra destacan que tanto en el caso de El Grado como en el de Aliaga adquirieron las instalaciones a finales de 2005, “desde entonces nosotros hemos hecho las cosas bien, y podemos hablar de los proyectos de futuro, pero los problemas del pasado no dependieron de nosotros”, afirman.