Zaragoza.- La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) entregará el lunes 22 de septiembre al juez Baltasar Garzón alrededor de 7.000 nombres de desaparecidos en la Comunidad durante la Guerra Civil y el Franquismo, según ha informado este martes la vicepresidenta del colectivo, Irene de la Cuerda.
ARMHA, junto con otras siete asociaciones nacionales para la recuperación de la memoria histórica -reunidas ahora con muchas más en la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas-, planteó ante los tribunales hace dos años una demanda por 30.000 desapariciones de conciudadanos españoles, “producidas como consecuencia del Golpe de Estado realizado por militares rebeldes contra la legítima República Española en julio de 1936”, ha informado el presidente de ARMHA, Enrique Gómez.
A juicio de ARMHA, por haberse llevado a cabo los asesinatos por fuerzas militares contra “civiles indefensos y de forma sistemática en todos los rincones de España”, se pueden considerar “crímenes de lesa humanidad” y no pueden ser obviados con ninguna ley de amnistía.
Pero, tal y como ha explicado de la Cuerda, “se trata de la primera entrega de un listado, ya que queremos pedir permiso a la Audiencia Nacional para adjuntar otra lista más adelante, en el mes de noviembre. Tenemos los correos y los teléfonos colapsados por parte de las familias que piden que sus familiares se incluyan en el censo”. Asimismo, De la Cuerda ha denunciado que a las asociaciones se les haya marcado plazo de entrega y a las instituciones no.
Desde ARMHA se adjuntará al juez Garzón además el mapa de fosas de Aragón de la primera campaña llevada a cabo en unos 300 municipios de Aragón -de forma escrita y digital-; documentación de la zona de Borja con los nombres de vecinos desaparecidos; libros con datos recabados por historiadores; así como los documentos recabados por parte de las asociaciones.
Desde el colectivo están convencidos de que la Audiencia Nacional llevará adelante la investigación que requieren las asociaciones demandantes, a pesar de las dificultades jurídicas planteadas por el ministerio fiscal. “Nuestra intención es que el poder judicial acabe reconociendo al Estado español como responsable de dar satisfacción a los familiares de estas personas, consiguiendo, por fin, cerrar un capítulo de nuestra historia reciente al que nunca se había dado carpetazo, a pesar de los años de democracia”, ha sentenciado Gómez.
Tribunales de Derechos Humanos
A pesar de las trabas que surjan, De la Cuerda ha asegurado que ARMHA seguirá su “camino” y que confía en que el juez Baltasar Garzón abra diligencias. En caso de que no resulte así, ARMHA está dispuesta a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha señalado la vicepresidenta. “Nuestra idea no es que se meta a nadie en la cárcel, pero sí que se reconozca que hubo una masacre planificada”, ha agregado.
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ARMHA adjuntará al juez Garzón el mapa de fosas de Aragón |
“Hubo genocidio por motivos políticos, además de expolió. A la gente se la desterró y expolió”, ha dicho De la Cuerda, por lo que ha instado a que el Estado español asuma “lo que ocurrió”, ha añadido.
Tanto Gómez como De la Cuerda han sostenido que las zonas más castigadas de la Comunidad aragonesa y de las que han salido mayor número de víctimas han sido Zaragoza, Jaca, el área de Cinco Villas, Daroca, Calatayud y Zuera, entre otras muchas.
La cifra rondará los 130.000 desaparecidos en toda la geografía nacional, la misma que recoge el informe del historiador Francisco Espinosa que Garzón ya tiene sobre su mesa. Cerca de 200 personas de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica en toda España están ultimando ese informe, recogiendo información, clasificándola y verificándola. Garzón quiere conocer el nombre de las personas enterradas en fosas comunes como consecuencia de la represión franquista, las circunstancias y fecha en que se dieron esos enterramientos y si constan en algún registro.
El objetivo de estas diligencias es recabar información suficiente para decidir si es competente para investigar las denuncias que le presentaron 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de diferentes comunidades autónomas (entre ellas Cataluña, Valencia, Aragón y la localidad pontevedresa de Ponteareas), el sindicato CNT y varios particulares a lo largo de los dos últimos años, con el fin de esclarecer el paradero de cientos de fusilados y desaparecidos del bando republicano a partir del golpe de Estado franquista, durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.
