Zaragoza.- Contaminación, desaparición de la margaritífera y expansión de plagas como la del mejillón cebra y la de la mosca negra son algunos de los resultados de las intervenciones en el Ebro a su paso por Zaragoza, según un grupo de expertos de varias universidades españolas.
El profesor de la Universidad de Zaragoza, Alfredo Ollero, ha explicado que el dragado es una práctica “obsoleta, inútil y contraproducente”. Según ha señalado “la experiencia en otros lugares del Estado ha demostrado que esta actuación no contribuye a disminuir los efectos de las crecidas, sino al contrario”. Ollero ha destacado que eliminar los sedimentos puede llegar a poner en peligro infraestructuras como los puentes.
“Ni la problemática de riesgo por las crecidas, ni quitar penínsulas en el cauce, ni el permitir la navegabilidad justifican el dragado”, ha añadido Ollero. Este último aspecto es compartido por otros expertos.
“Que unos barquitos recorran arriba y abajo un tramo del río no justifica una obra que provoque unas afecciones tan negativas como el azud”. Así se ha manifestado el profesor de Ecología de la Universidad de Barcelona, Narcis Prat. Para él, esta obra pretende convertir el Ebro en un “estanque de patos”.
Además, Prat ha destacado que el azud hace que el Ebro incumpla con la directiva marco del agua. Esta norma europea, que exige recuperar el cauce ecológico de los ríos, convertirá este tramo del río en una “masa de agua muy modificada”, lo que podría acarrear sanciones por parte de la Unión Europea.
Por todo ello, Prat ha manifestado que la única solución para evitarlo es “tirar por tierra el azud”. Una medida compartida por Francisco Comín, otro de los expertos que han acudido a una convocatoria de la Coordinadora de Afectados por las Obras del Ebro.
Comín, quien es miembro del Instituto Pirenaico de Ecología, ha sido especialmente crítico con la Expo y ha pedido que retiren “desarrollo sostenible del lema”. “El día que se inaugure los responsables deberán pasar por la vergüenza de incumplir con el medio ambiente”, ha añadido.
Todos los expertos han coincidido en señalar el escaso poder coercitivo por parte de las instituciones responsables. “La Unión Europea es muy blanda y lenta a la hora de condenar estas actuaciones”, ha declarado Ollero, que también ha incluido al Ministerio de Medio Ambiente y a la CHE entre los organismos que debieran ser más rígidos.
