Zaragoza.- El dumping social es un delito económico que se caracteriza por ofrecer productos o servicios más baratos que la competencia gracias a una mano de obra a precio de explotación, con condiciones laborales abusivas y bajos salarios. En septiembre de 2015, el Parlamento Europeo lo llegó a definir como “una amplia gama de prácticas abusivas intencionadas y de elusión de la legislación europea y nacional existentes”. Así, desde esta institución comunitaria aseguran que el dumping social es uno de los factores que más contribuye al aumento del riesgo de pobreza y exclusión social. Entre los sectores más afectados por esta práctica se encuentra el sector del transporte.
Con el objetivo de concienciar y buscar el apoyo de la ciudadanía, partidos políticos y agentes económicos para acabar con esta práctica, la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime) ha llevado a cabo una campaña en contra del dumping social en el sector transportista a la que se han sumado ya Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA). Santiago López-Montenegro, presidente de Tradime, ha capitaneado esta campaña.
Pregunta.- Desde Tradime han iniciado una campaña para luchar contra el dumping social en el transporte. ¿En qué consiste esta práctica?
Respuesta.- El dumping social consiste en la contratación fraudulenta, por parte de empresas del sector, de transportistas que trabajan en España pero con condiciones laborales de terceros países, que suelen ser abusivas y con bajos salarios.
P.- ¿Cómo afecta a los trabajadores y empresas aragonesas?
R.- Desde el punto de vista del trabajador básicamente lo que ocurre es que los derechos sociales de estos trabajadores son muy inferiores a los que se dan de normal en España. Están contratados con salarios base de apenas 300 euros, con cotizaciones mínimas, con lo cual sus condiciones a la hora de jubilaciones o de paro son muy bajas. Desde el punto de vista de la empresa se produce una competencia desleal en el sentido de que esa empresa que está contratando a estos trabajadores, en esas condiciones, tiene muchos menos costes laborales que una empresa que está haciendo las cosas correctamente dentro de la legalidad.
P.- Hace poco varios países se sumaron a la Alianza por Carretera contra el dumping social y el fraude en el transporte y a la que no se ha sumado España. ¿Cómo valoran desde Tradime esta decisión y a qué cree que es debido que nuestro país no se sumara?
R.- Desgraciadamente estamos muy descontentos con la decisión del Gobierno español. Desde luego nos hubiera gustado que España formara parte de esa alianza y la excusa que está poniendo el Gobierno es que no quiere regular de manera personal, sino a nivel europeo, y de esa manera lo que está consiguiendo es un efecto llamada a todas las empresas que están aprovechándose de este agujero legal que es el dumping social.
P.- ¿Han contado con el apoyo del Gobierno de Aragón?
R.- Efectivamente, el Gobierno de Aragón ha sido sensible con el dumping social y se ha puesto manos a la obra para tratar de erradicar este problema. El consejero José Luis Soro nos ha mostrado su apoyo y estamos francamente satisfechos de trabajar en común con el Gobierno de Aragón para tratar de, en la medida que ellos pueden, erradicar esta lacra.
P.- ¿De qué manera se puede poner fin al dumping social?
R.- España lo tiene relativamente sencillo. Francia ya lo ha conseguido con lo cual, probablemente, la forma de erradicar es seguir los pasos que ya han dado otros y que han dado buenos resultados. España debe transponer la directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios [la UE puso como fecha límite para su entrada en vigor el 18 de junio de 2016] y hacerlo de la misma manera que lo ha hecho Francia: exigir que el transportista que esté trabajando en España tenga las condiciones laborales de un trabajador español, de manera que los trabajadores que tenemos codo con codo lo hagan igual que nosotros.
P.- Además del dumping, ¿qué otros problemas y desafíos tiene actualmente el sector de los transportistas?
R.- En estos momentos para nuestra situación existe un problema que se avecina y que tenemos en el horizonte cercano y es tratar de que el sistema de tributación por módulos mantenga todavía su sistema tal y como está organizado hoy, de manera que nuestros asociados autopatronos mantengan todavía las condiciones del sistema actual. Pero en Aragón, el problema que más preocupado nos tiene a día de hoy es el dumping.
P.- Sobre la posibilidad de que se obligue a circular a los camiones por las autopistas, ¿qué postura tienen desde Tradime?
R.- Nuestra postura es la más racional que se puede aplicar. Nosotros no podemos hacernos cargo de toda la serie de dispendios de mala planificación y de mala ejecución de obras que ha habido a lo largo de estos años en cuestión de infraestructuras. No podemos ser responsables de que no haya una infraestructura adecuada y, por tanto, cual tengamos que hacernos cargo de los costes.
P.- ¿Cuál es su postura respecto al desdoblamiento de la N-232?
R.- Estamos contentos porque han empezado los trabajos, pero es una obra que viene tarde. Durante su ejecución, nos parece una buena idea la del consejero Soro de tratar de desviar los tráficos por la autopista, pero entendemos que en unas condiciones económicas mínimas. En otras comunidades ya ha habido situaciones similares y la autopista ha sido gratuita. En ese aspecto estamos contentos, pero nos preocupa la N-232 en tramos más desconocidos, como el que pasa por Alcañiz, que tiene flujos importantes de tráfico y que está empezando a tener una siniestralidad importante.
P.- ¿El sector del transporte ha sido uno de los más castigados por la crisis económica, ¿ha mejorado algo esta situación últimamente?
R.- Negar la evidencia seria casi ridículo. Efectivamente ha mejorado nuestra situación, el combustible nos ha dado un oxigeno que no teníamos hace cinco años. Lo que sí es cierto es que rápidamente se está tratando de volver a ahogarnos con este tipo de irregularidades que el Gobierno parece no estar dispuesto a atajar como es el dumping. Entendemos también que tenemos una cierta preocupación por el sistema de tributación de módulos para autopatronos, que se mantenga en el límite de 125.000.
