Broto reclama una financiación "clara" para la Ley de Dependencia

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha participado en la primera reunión del grupo de trabajo que en el plazo de tres meses deberá analizar el estado de cumplimiento de la Ley de Dependencia. Considera que "un buen comienzo" sería que el Gobierno central "restituya" a Aragón el recorte de 17 millones de euros en 2012.

Madrid.- La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha pedido este jueves al Gobierno central que demuestre "su compromiso firme" por lograr una financiación "clara" que garantice el cumplimiento de la Ley de Dependencia, por la que actualmente se presta algún tipo de atención a unas 21.500 personas en Aragón, si bien en lista de espera hay 12.000 personas con su dependencia ya reconocida.

Broto ha hecho estas declaraciones en los momentos previos a la primera reunión de la llamada Comisión para el Análisis de la Situación del Sistema de Dependencia. La creación de este grupo de trabajo fue uno de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes de enero. Además de Aragón, participan Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Canarias y Castilla y León. La comisión la preside un aragonés, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés.

Este jueves se ha acordado que en el plazo de cuatro o cinco semanas se elabore un primer borrador para, a continuación, elaborar el informe técnico que en el plazo de tres meses deba elevarse al Consejo Interterritorial, donde otras CCAA podrán hacer sus aportaciones.

Broto ha asegurado que el deseo de Aragón es "llegar a un pacto", pero considera que "un buen comienzo" sería que el Gobierno central demostrara "su voluntad a la hora de negociar". Así, en esta primera reunión ha reclamado que en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 se "restituya" el 13 por ciento que en 2012 "el Gobierno de Mariano Rajoy recortó" a Aragón en materia de dependencia. Según sus cálculos, la comunidad ingresaría 17 millones de euros solo por este concepto.

Además, Broto ha vuelto a denunciar que Aragón está desembolsando 60 millones de euros de más al año porque el Gobierno central solo asume el 16 por ciento de los costes, en lugar del 50 por ciento, como establece la Ley. La consejera ha explicado que esos fondos permitirían aliviar la lista de espera en la que actualmente aguardan 12.000 personas con la dependencia reconocida. Asimismo, la consejera ha exigido que se vuelva a pagar la seguridad social a los cuidadores familiares, un colectivo en el que se hay "muchas mujeres".

Por último, Broto ha sentenciado que el cuidado de las personas dependientes no puede estar condicionado al sistema de financiación autonómica: "La Ley de Dependencia es una Ley de obligado cumplimiento y, si hay personas que no son atendidas, hay un incumplimiento".