Guillén se suma a la protesta "unánime" de las CCAA contra el IVA en la justicia gratuita

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, se ha mostrado en contra de que las CCAA acarreen con la implantación de un IVA del 21% sobre los profesionales del turno de oficio, lo que en Aragón se traduciría en un gasto adicional de un millón de euros. El ministro Rafael Catalá opina como las CCAA, pero señala que la decisión es de Hacienda.

Madrid.- El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha trasladado al Ministerio de Justicia el rechazo del Gobierno de Aragón a la aplicación de un IVA del 21 por ciento sobre el coste de los servicios que los abogados y los procuradores prestan en los procesos de justicia gratuita. Guillén ha hecho llegar esta negativa en persona, durante la Conferencia Sectorial de Justicia donde se dan cita el Gobierno central y las Comunidades Autónomas.

Según ha explicado el ministro, Rafael Catalá, este coste debería ser asumido por las Comunidades Autónomas que tienen transferida la competencia, lo que en el caso de Aragón podría traducirse en un coste adicional de un millón de euros, según fuentes del Ejecutivo autonómico. 

Catalá ha admitido en rueda de prensa que "todas" las CCAA se han mostrado en contra de este tipo impositivo. También ha dicho que el Ministerio que dirige está a favor de que la justicia gratuita esté exenta de este impuesto. Así, se ha comprometido a hacer llegar esta posición a su compañero de gabinete Cristóbal Montoro, que es, según ha dicho, quien debe tomar la decisión "en la próxima semana". 

El consejero aragonés ha instado al ministro a "luchar por que este servicio público esté exento de IVA" y se ha mostrado en contra de la "interpretación" que la Agencia Tributaria está realizando de las sentencias europeas sobre este asunto. 

No obstante, Catalá considera que este impuesto tendría "un retorno bastante neutro para las administraciones públicas", puesto que, aunque comunidades como la aragonesa tendrían que presupuestar este gasto "inicialmente", lo acabarían recaudando "en segunda instancia", dado que "la recaudación del IVA se comparte entre el Estado y las CCAA". 

Registro civil y claúsulas suelo

El consejero aragonés considera que la decisión del Gobierno central de "no privatizar los registros civiles es una gran noticia". Sin embargo, sostiene que se ha perdido "un tiempo precioso" en torno a una Ley de 2011, que no llegó a entrar en vigor. Además, se muestra cauteloso ante su proceso de implantación, considerando que "al no poner el Ministerio de Justicia las herramientas adecuadas, ahora carga los costes a las Comunidades Autónomas".

En otro orden de asuntos, Guillén se ha mostrado a favor de las medidas que alivien la carga de trabajo en los juzgados, sobre todo en lo que respecta a un posible "colapso" por las demandas sobre las cláusulas suelo, que las sentencias europeas han declarado nulas. Así, el consejero ha instado al ministerio a que ponga "los instrumentos necesarios", ya sea vía mediación, creación de tribunales especializados o el aumento de las plantillas.